La ley migratoria de Carolina del Norte exige cooperación con ICE

La Ley de Sesión 2026-19 de Carolina del Norte entró en vigor pese al veto del gobernador. Esta ley migratoria de Carolina del Norte ordena a los titulares de cuatro organismos estatales de seguridad pública celebrar acuerdos con ICE conforme a la Sección 287(g) de la INA. ICE significa Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement). La ley también exige verificar el estatus migratorio en varios sistemas de beneficios públicos.

Para una persona detenida por una agencia estatal, una pregunta sobre ciudadanía o residencia legal ahora puede provocar una consulta a ICE. La ley exige que cada agencia establezca políticas para estas consultas. Las familias con asuntos migratorios pendientes deben mantener reunidos sus documentos de identidad, inmigración y tribunales. Nuestros abogados de inmigración pueden explicar los posibles efectos migratorios federales después de un encuentro con una agencia estatal.

La Ley de Sesión 2026-19 también se conoce como el Proyecto de Ley del Senado 153. Afecta de distintas maneras a las agencias estatales, los administradores de beneficios públicos, los gobiernos locales y las instituciones constituyentes de UNC. No reemplaza la ley federal de inmigración. Crea nuevas obligaciones en Carolina del Norte. Estas obligaciones pueden afectar la manera en que la información pasa de la custodia estatal a los funcionarios federales de inmigración.

Descargo de responsabilidad sobre información legal: Este artículo ofrece información general. No constituye asesoría legal para ninguna persona o caso. Las consecuencias migratorias dependen de los hechos, el estatus de la persona, sus antecedentes penales y el procedimiento federal.

¿Qué cambió con la nueva ley migratoria de Carolina del Norte?

La Ley de Sesión 2026-19 entró en vigor pese al veto del gobernador. El gobernador la vetó. Posteriormente, la legislatura la promulgó a pesar de esa objeción. Esto significa que la legislatura promulgó la ley pese al veto del gobernador.

La Parte I ordena a cuatro líderes estatales celebrar Memorandos de Acuerdo con ICE. Los cuatro líderes son el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Corrección de Adultos, el Comandante de la Patrulla Estatal de Carreteras y el Director de la Oficina Estatal de Investigación. Un Memorando de Acuerdo, o MOA, es un acuerdo escrito entre agencias. Los acuerdos deben cumplir con 8 U.S.C. § 1357(g).

Comúnmente, las personas llaman a estos acuerdos acuerdos 287(g). Permiten que determinados funcionarios estatales desempeñen ciertas funciones de aplicación de las leyes migratorias. Los funcionarios primero deben recibir capacitación de ICE. También deben trabajar bajo la supervisión de ICE.

The designated State law enforcement officers shall be required to receive appropriate training as provided by ICE and shall function under the supervision of ICE officers when performing under the MOA.

La ley también exige políticas para cada organismo estatal mencionado. Los empleados deben intentar determinar si una persona bajo custodia o supervisión es residente legal o ciudadana de Estados Unidos o de sus territorios. Si los empleados no pueden determinarlo, deben consultar a ICE. Consultar a ICE significa solicitarle información. Si los empleados determinan que la persona no es residente legal ni ciudadana, deben proporcionar a ICE la información solicitada.

La Parte I establece requisitos de presentación de informes para ciertas agencias y para el Auditor Estatal. La propia ley sigue siendo la norma vigente. Una norma vigente es la ley que actualmente controla el asunto. Su disposición general sobre la fecha de entrada en vigor aplica, salvo que una parte establezca lo contrario.

¿Qué otros cambios introdujo el Proyecto de Ley del Senado 153?

La ley migratoria de Carolina del Norte también ordena al DHHS, a las agencias de vivienda y a la División de Seguridad de Empleo revisar la elegibilidad. Deben verificar el estatus migratorio en la medida permitida por la ley federal. La ley agrega consecuencias de responsabilidad civil para los gobiernos locales que infrinjan las prohibiciones existentes sobre ordenanzas santuario. La responsabilidad civil significa una posible responsabilidad legal por daños. La ley también prohíbe que las instituciones constituyentes de UNC adopten un estatus santuario.

¿A quién puede afectar la ley migratoria de Carolina del Norte?

Las reglas inmediatas de custodia aplican a las personas bajo la custodia o supervisión de cuatro organismos estatales. Son el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección de Adultos, la Patrulla Estatal de Carreteras y la Oficina Estatal de Investigación. El texto exige una consulta o revisión de los documentos pertinentes. Después exige consultar a ICE si la agencia no puede determinar la ciudadanía o la residencia legal.

Este marco es más relevante cuando un encuentro con el estado conduce a la custodia o supervisión de una agencia. No establece que todo contacto con un empleado estatal genere una consulta a ICE. La consulta obligatoria ocurre después de que el empleado no puede determinar si la persona es residente legal o ciudadana. El empleado puede utilizar preguntas, documentos o ambos.

La Parte II se refiere a las personas no ciudadanas determinadas como residentes en Estados Unidos sin autorización legal. Una persona no ciudadana es alguien que no es ciudadano estadounidense. La Parte II ordena al DHHS, en la medida permitida por la ley federal, suspender los beneficios financiados por el estado para ese grupo. También ordena al DHHS crear un método de verificación antes de que comiencen los beneficios.

Los programas enumerados incluyen Work First, servicios de intervención temprana, asistencia de alquiler o vivienda, asistencia para medicamentos, subsidios para cuidado infantil, Medicaid, asistencia para refugiados, asistencia energética y varios programas de atención. La ley no elimina del texto ninguno de los programas enumerados.

El estatuto excluye los beneficios o servicios de esos programas que ayudan a los beneficiarios elegibles a obtener alimentos o comidas. El requisito de informes del DHHS incluía identificar los beneficios cuya modificación está prohibida a la agencia por la ley federal. Esto significa que la ley federal puede limitar lo que el DHHS puede hacer con algunos beneficios.

¿Qué programas de vivienda y desempleo están incluidos?

La Parte III imparte instrucciones similares al Departamento de Comercio, a la Agencia de Financiamiento de Vivienda y a las autoridades locales de vivienda creadas conforme al Capítulo 157. Enumera asistencia para el alquiler, vivienda de transición, vales de elección de vivienda (Housing Choice Vouchers), asistencia HOME, subvenciones para soluciones de emergencia y otros beneficios de vivienda financiados con fondos públicos.

La Parte IV ordena a la División de Seguridad de Empleo verificar que los solicitantes de beneficios por desempleo estén legalmente autorizados para residir en Estados Unidos. Esta verificación debe realizarse antes del primer pago. Aplica en la medida permitida por la ley federal. Un solicitante de beneficios no debe suponer que una regla estatal de elegibilidad responde por separado a una cuestión migratoria federal.

Nuestro equipo legal de inmigración de Carolina del Norte puede revisar cómo encajan los registros presentados con el expediente federal o el historial de estatus existente de una persona. Una presentación federal es una solicitud u otro trámite presentado ante una agencia o tribunal federal de inmigración. El historial de estatus se refiere a las categorías migratorias pasadas y actuales de la persona.

Según nuestra experiencia, la primera preocupación después de una solicitud de una agencia suele ser una discrepancia documental. Una discrepancia podría afectar un caso migratorio pendiente. Los registros precisos pueden ayudar a una familia a responder sin hacer suposiciones. Una revisión rápida y específica del caso también puede ayudar a la familia a elegir una respuesta más segura.

¿Cómo encaja el 287(g) en la ley federal de inmigración?

El Congreso creó el marco 287(g) en 8 U.S.C. § 1357(g). Autoriza al Secretario de Seguridad Nacional a celebrar acuerdos escritos con entidades estatales o locales. Los acuerdos permiten que funcionarios capacitados desempeñen funciones específicas de oficiales de inmigración. Los funcionarios federales deben dirigir y supervisar esas funciones.

Ese estatuto federal proporciona el mecanismo legal citado en la Ley de Sesión 2026-19. Un mecanismo legal es el proceso jurídico que hace posible una acción. La ley de Carolina del Norte ordena a los líderes estatales mencionados celebrar Memorandos de Acuerdo con el Director de ICE. También utiliza la frase limitante “en la medida permitida por la ley federal” para las disposiciones sobre beneficios, vivienda y desempleo. Esta frase es importante porque las reglas de los programas federales pueden controlar los requisitos de elegibilidad y verificación.

El estatus migratorio federal se determina conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no mediante la primera consulta de un funcionario estatal. Una persona puede tener prueba de ciudadanía, residencia permanente legal, una clasificación de visa, permiso de permanencia temporal, autorización de empleo, una solicitud pendiente u otro registro migratorio federal. La residencia permanente legal significa tener permiso para vivir permanentemente en Estados Unidos. El permiso de permanencia temporal es una autorización temporal para entrar o permanecer por un propósito específico. La respuesta adecuada a una solicitud de información depende del expediente individual de la persona.

¿Qué cambian las disposiciones sobre santuarios para los gobiernos locales?

La Parte V aborda las prohibiciones de Carolina del Norte sobre ordenanzas santuario en condados y ciudades, e incluye disposiciones relativas a la renuncia a la inmunidad gubernamental por parte de los condados y ciudades que no cumplan con estas prohibiciones.

Conforme a esas secciones, un condado o ciudad que no cumpla con la prohibición aplicable renuncia a la inmunidad gubernamental frente a responsabilidad extracontractual. La inmunidad gubernamental es una protección legal que puede impedir ciertas demandas contra un gobierno. La responsabilidad extracontractual es la responsabilidad legal por un daño civil, como lesiones o daños a la propiedad. La renuncia aplica si una persona extranjera no autorizada comete un delito contra una persona o propiedad dentro de los límites del condado o la ciudad.

La Parte VI agrega el G.S. 116-40.14. Prohíbe que una institución constituyente de UNC tenga una política o reglamento que limite la aplicación de las leyes federales de inmigración. El límite no puede ser inferior al alcance total permitido por la ley federal. En la medida permitida por la ley federal, también prohíbe que las instituciones impidan que funcionarios o agencias de seguridad pública recopilen información sobre el estatus migratorio o que impidan comunicar esa información a las agencias federales de seguridad pública.

Para consultar definiciones y procedimientos federales más amplios, los lectores pueden consultar el Manual de Políticas de USCIS. Es información útil como referencia general. No reemplaza el asesoramiento basado en los documentos y la situación procesal de una persona. La situación procesal significa la etapa actual de un caso o solicitud.

¿Qué debe hacer si esta ley puede afectarle?

Comience por identificar la agencia y el asunto. Un asunto de custodia de la Patrulla Estatal de Carreteras implica registros distintos de los de un asunto del Departamento de Corrección de Adultos. Una solicitud de beneficios y una solicitud de vivienda también plantean preguntas diferentes sobre los registros conforme a la Ley de Sesión 2026-19.

Reúna copias de los documentos que demuestren su identidad y su historial migratorio. Estos pueden incluir un pasaporte, tarjeta de residente permanente, documento de autorización de empleo, registro I-94, documentos de visa, avisos de USCIS, documentos del tribunal de inmigración, correspondencia previa de ICE y registros certificados de tribunales penales cuando corresponda. No altere los documentos. No presente información contradictoria.

Después, compare cada respuesta de una solicitud con las presentaciones federales anteriores. Una discrepancia puede ser un problema administrativo. Puede ser un problema de estatus. También puede requerir un análisis legal. Conserve las cartas de las agencias, los avisos de entrevistas, los avisos sobre beneficios y los documentos recibidos durante un encuentro de custodia.

Si ICE solicita información después de un encuentro estatal, pida una copia de los documentos. Identifique a la agencia involucrada. Una persona con un caso ante el tribunal de inmigración debe conservar el aviso de audiencia. Debe comunicarse con un abogado de inmigración calificado antes de tomar decisiones que puedan afectar su caso.

Las personas con preocupaciones relacionadas con protección humanitaria también pueden tener que considerar un recurso federal independiente. La protección humanitaria es una protección migratoria basada en peligro, abuso u otra dificultad grave. Nuestros artículos sobre protecciones de la visa U para víctimas de delitos y el alivio mediante autopetición VAWA explican dos formas distintas de posible alivio migratorio federal.

¿Qué deben vigilar las familias tras la nueva ley migratoria de Carolina del Norte?

Los próximos acontecimientos prácticos estarán relacionados con la implementación por parte de las agencias. La implementación son las medidas que adopta una agencia para poner una ley en práctica. La ley exige Memorandos de Acuerdo con ICE y políticas departamentales dentro de los organismos estatales de seguridad pública mencionados. También exige planes de revisión y verificación de elegibilidad en el DHHS, el Departamento de Comercio, la Agencia de Financiamiento de Vivienda y las autoridades locales de vivienda. Por separado, la División de Seguridad de Empleo debe adoptar una política para verificar que los solicitantes de beneficios por desempleo estén legalmente autorizados para residir en Estados Unidos antes del primer pago.

La Asamblea General asignó para el 15 de enero de 2026 la presentación de informes sobre varias disposiciones de beneficios y vivienda. Esa fecha ya pasó. En su lugar, las familias deben concentrarse en los avisos escritos y procedimientos utilizados por la agencia que maneja su asunto actual de custodia, beneficios, vivienda o desempleo.

Aún no se ha establecido si un proceso particular de una agencia aceptará un documento migratorio federal específico como prueba suficiente en una solicitud individual. Conserve los avisos. Utilice únicamente información precisa. Obtenga asesoramiento individualizado antes de responder a una disputa sobre el estatus migratorio.

Para actualizaciones específicas sobre trámites federales, USCIS mantiene su página de Tiempos de Procesamiento. Las personas en procedimientos de deportación también deben seguir sus avisos de audiencia. Deben seguir las instrucciones emitidas en sus propios casos. La fecha de entrada en vigor del estatuto estatal no cambia los plazos de presentación federales ni las obligaciones ante el tribunal de inmigración.

Preguntas frecuentes

¿La ley exige que la Patrulla Estatal de Carreteras participe en 287(g)?

Sí. La Sección 1(c) de la Ley de Sesión 2026-19 ordena al Comandante de la Patrulla Estatal de Carreteras celebrar un Memorando de Acuerdo con el Director de ICE conforme a 8 U.S.C. § 1357(g). Los oficiales designados deben recibir capacitación de ICE y actuar bajo la supervisión de ICE al desempeñar funciones conforme a ese acuerdo.

¿La ley incluye a la Oficina Estatal de Investigación?

Sí. La Sección 1(d) ordena al Director de la SBI celebrar un Memorando de Acuerdo 287(g) con ICE. También exige que la SBI establezca políticas para revisar la ciudadanía o residencia legal de las personas bajo su custodia o supervisión, consultar a ICE cuando la agencia no pueda determinar ese estatus y proporcionar la información solicitada en circunstancias específicas.

¿Puede Carolina del Norte verificar el estatus migratorio para beneficios financiados por el estado?

La Ley de Sesión 2026-19 ordena al DHHS desarrollar un método para verificar el estatus migratorio de los solicitantes no ciudadanos de beneficios financiados por el estado antes de que comiencen los beneficios. La orden aplica en la medida permitida por la ley federal. Los programas enumerados incluyen Medicaid, Work First, subsidios para cuidado infantil, asistencia para el alquiler y asistencia para refugiados.

¿La ley afecta los beneficios de vivienda financiados con fondos públicos?

Sí. En la medida permitida por la ley federal, la Parte III ordena al Departamento de Comercio, a la Agencia de Financiamiento de Vivienda y a las autoridades locales de vivienda del Capítulo 157 revisar los criterios de elegibilidad para los beneficios de vivienda financiados con fondos públicos y desarrollar métodos para verificar el estatus migratorio de los solicitantes no ciudadanos antes de iniciar los beneficios. El estatuto enumera asistencia para el alquiler, vivienda de transición, vales de elección de vivienda, asistencia HOME y subvenciones para soluciones de emergencia.

¿Qué ocurre con las ciudades o condados que infringen las reglas sobre ordenanzas santuario?

La Parte V establece que un condado o ciudad que infrinja la prohibición aplicable sobre ordenanzas santuario renuncia a la inmunidad gubernamental frente a responsabilidad extracontractual cuando una persona extranjera no autorizada comete un delito contra una persona o propiedad dentro del condado o la ciudad. La renuncia aplica incluso si el gobierno local no ha comprado un seguro conforme a los estatutos identificados en la ley.

¿Puede una institución constituyente de UNC adoptar una política santuario?

No. La Sección 6 de la ley prohíbe que una institución constituyente tenga una política o reglamento que limite o restrinja la aplicación de las leyes federales de inmigración por debajo del alcance total permitido por la ley federal. También prohíbe, en la medida permitida por la ley federal, impedir que funcionarios o agencias de seguridad pública recopilen o comuniquen información sobre el estatus migratorio de cualquier persona a las agencias federales de seguridad pública.

Descargo de responsabilidad sobre información legal: Este análisis de la ley migratoria de Carolina del Norte ofrece información general, no una promesa de resultados ni asesoramiento individualizado. Comuníquese con Vasquez Law Firm para una consulta gratuita. Atendemos a clientes de inmigración en Raleigh, NC y Orlando, FL, y a clientes de inmigración en todo el país.

Fuentes

• Manual de Políticas de USCIS

Revisado por el abogado Vasquez, abogado principal